Ecuador vota este domingo un referéndum que podría reabrir la puerta a la instalación de bases militares estadounidenses, una medida que el gobierno de Daniel Noboa presenta como esencial para enfrentar el crimen organizado, pero que reaviva tensiones históricas sobre soberanía, control territorial y los efectos de la militarización extranjera. La consulta, que permitiría eliminar la prohibición constitucional vigente desde 2008, ha generado el mayor interés de Washington en años, con visitas constantes de altos funcionarios del gobierno de Donald Trump.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han expresado abiertamente la voluntad de Estados Unidos de volver al Pacífico Este Tropical si Ecuador aprueba la reforma. Ambos actores han planteado que una presencia militar serviría para combatir delitos transnacionales como el narcotráfico y la pesca ilegal, mientras que Noboa insiste en que la cooperación no implica ceder control, sino fortalecer la capacidad nacional. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano admite que dos instalaciones —en Manta y Salinas— quedarían bajo operación conjunta con agencias estadounidenses, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional.
El Ejecutivo ecuatoriano defiende que el retorno de fuerzas estadounidenses permitiría crear un “nodo de cooperación antidrogas y de seguridad marítima” en una costa donde operan bandas que envían toneladas de cocaína hacia Centroamérica. Pero la oposición correísta sostiene que la instalación de bases no resolverá la violencia y que, por el contrario, implicaría renunciar a una soberanía que fue defendida cuando en 2009 se expulsó al destacamento estadounidense de Manta. Voceros del correísmo recuerdan episodios de abusos, desapariciones y operaciones militares sin control jurisdiccional local durante aquella década.
Una apuesta que divide a un país en crisis y un antecedente que pesa
Sectores sociales cuestionan que el Ejecutivo priorice infraestructura militar sobre necesidades básicas. Organizaciones de derechos humanos advierten del riesgo de reproducir prácticas arbitrarias que marcaron el pasado militar estadounidense en el país.
La instalación de bases militares de Estados Unidos en Ecuador no es nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, Washington operó una base estratégica en las islas Galápagos. Décadas después, entre 1999 y 2009, funcionó en Manta un “puesto de operaciones avanzadas” desde el cual se realizaron miles de operativos de vigilancia aérea y marítima.
Diversas investigaciones locales documentaron hundimientos de embarcaciones, desaparecidos y tratos inhumanos contra pescadores y migrantes, mientras que los militares estadounidenses gozaban de inmunidad legal. Estos episodios alimentan la desconfianza actual hacia un posible regreso militar extranjero, especialmente entre comunidades costeras que vivieron directamente sus efectos.
Fotografía: Redes
