En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los alcances de la nueva Ley de Aguas, una reforma que busca transformar de fondo la gestión del recurso hídrico en el país, con énfasis en la equidad y el combate a prácticas irregulares.
Durante la exposición, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que la legislación elimina mecanismos que durante años permitieron la concentración y comercialización del agua entre particulares, dando paso a un modelo centrado en el derecho humano al acceso.
Uno de los ejes de la reforma es la cancelación de las transmisiones de concesiones, esquema que facilitó la creación de mercados paralelos. Con esta medida, se pretende frenar la especulación y garantizar que el recurso llegue a quienes realmente lo necesitan, especialmente en sectores productivos y comunidades.
El funcionario también explicó que se prohíben los cambios de uso indebidos, como aquellos en los que concesiones agrícolas eran utilizadas para fines comerciales sin pagar derechos. Estas prácticas, dijo, provocaron acaparamiento y limitaron el acceso en diversas regiones.
Casos documentados en entidades como Zacatecas, Chihuahua y Querétaro evidenciaron cómo títulos de concesión fueron fragmentados, revendidos o utilizados sin sustento operativo, generando ganancias millonarias y afectando la disponibilidad del agua. También se detectaron esquemas de extracción ilegal en Nayarit y desvíos en Baja California Sur.
Ante ello, la nueva normativa contempla sanciones más severas, con multas económicas y penas de prisión para quienes incurran en uso ilegal del recurso, fortaleciendo la capacidad de vigilancia del Estado.
En términos de resultados, la autoridad reportó un incremento significativo en la recaudación por derechos de agua durante 2025, así como miles de inspecciones que derivaron en clausuras y regularización de concesiones. Además, se agilizaron trámites para beneficiar a pequeños productores y comunidades.
Un aspecto relevante es el reconocimiento de sistemas comunitarios en ejidos y pueblos indígenas, con lo que se busca fortalecer la gestión local del agua bajo un enfoque de justicia social.
Como parte de la implementación, se entregaron títulos de concesión a municipios de Baja California como Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada, que anteriormente dependían de esquemas de transmisión para acceder al recurso.
La mandataria calificó este avance como un punto de inflexión en la política hídrica nacional, al recuperar el control público del agua y priorizar su uso en beneficio colectivo. Con ello, el gobierno federal apuesta por un modelo que deje atrás la concentración y siente las bases de un acceso más justo y transparente.
Foto: X
