México mantiene en preparación una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 14 connacionales que se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El recurso, que es encabezado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, forma parte de una ruta internacional con la que el gobierno mexicano busca llevar el caso a instancias fuera del ámbito diplomático tradicional, ante la gravedad de los fallecimientos ocurridos en el contexto de la política migratoria estadounidense.
Desde Palacio Nacional se confirmó que la cancillería es la dependencia responsable de integrar y presentar el recurso ante el sistema interamericano, en una acción que ya había sido anunciada previamente por el gobierno federal. La intención es dar seguimiento formal a los casos de mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria en Estados Unidos y abrir una vía de revisión internacional sobre las condiciones en que se encontraban las personas detenidas, así como sobre la responsabilidad de las autoridades involucradas.
El caso se enmarca en una serie de acciones anunciadas por México a finales de marzo, cuando se informó que la respuesta institucional no se limitaría al envío de notas diplomáticas, sino que incluiría mecanismos jurídicos y políticos de mayor alcance. Entre ellos se contempló acudir ante organismos internacionales de derechos humanos y acompañar litigios estratégicos relacionados con las condiciones de detención de personas migrantes, especialmente en casos donde existan indicios de omisión, negligencia o vulneración de derechos fundamentales.
Aunque el tema central es la preparación de la queja ante la CIDH, también se informó que la agenda bilateral entre México y Estados Unidos sigue abierta en asuntos sensibles como migración, seguridad, comercio y temas sanitarios, en medio de una relación marcada por tensiones y pendientes. El canciller Roberto Velasco sostuvo una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que revisaron distintos puntos de la relación entre ambos países, incluidos compromisos vinculados con agua y transporte.
En otro frente, el gobierno mexicano también dio a conocer que revisa denuncias por detonaciones con dinamita en el cerro Cuchumá, en Baja California, presuntamente relacionadas con trabajos del muro fronterizo del lado estadounidense. El asunto se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencias que deberán informar posteriormente sobre las acciones que se determinen frente a este caso, por su posible impacto patrimonial, territorial y diplomático.
La preparación de la queja ante la CIDH coloca a México en una ruta de mayor presión institucional frente a la política migratoria de Estados Unidos, al buscar que la muerte de connacionales bajo custodia no quede únicamente en el terreno de la protesta diplomática. Más allá del procedimiento internacional, el caso vuelve a colocar en el centro las condiciones de detención de migrantes y la obligación de los Estados de garantizar su integridad, particularmente cuando se encuentran bajo resguardo de autoridades oficiales.
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