El Gobierno federal dio un nuevo giro a la política laboral del campo mexicano con la firma del Certificado Laboral para la Agroexportación, un mecanismo que condicionará las exportaciones agrícolas al cumplimiento estricto de derechos laborales, seguridad social y salarios dignos para jornaleros y trabajadores del sector.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el acuerdo como una medida de “cumplimiento obligatorio” para las empresas agroexportadoras, que a partir de su implementación deberán acreditar que sus productos fueron cosechados bajo condiciones laborales formales. De no hacerlo, no podrán acceder a mercados de exportación.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, explicó que la medida responde a una deuda histórica con los trabajadores del campo y que fue respaldada recientemente por el Poder Legislativo. El certificado funcionará como un filtro de verificación social para garantizar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo.
Como parte del mismo paquete de acciones, el gobierno anunció la apertura del Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín, Baja California, donde se concentrarán servicios federales enfocados en salud, asesoría laboral y apoyo social para jornaleros y sus familias.
La administración federal también destacó avances laborales recientes, como la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, la reforma al sistema de pensiones, la regulación de plataformas digitales y el incremento del reparto de utilidades, que ha alcanzado cifras históricas.
Según el gobierno, estas políticas forman parte de un modelo integral de bienestar que busca mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores en México, acompañado de programas sociales, control de precios de productos básicos y expansión del acceso a vivienda y salud.
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