En una maniobra que ya genera debate político y legal en Estados Unidos, el presidente Donald Trump comunicó al Congreso que las hostilidades con Irán han cesado, pese a que fuerzas estadounidenses continúan desplegadas en la región y se mantiene un bloqueo naval sobre la República Islámica.
La notificación, enviada este viernes a líderes legislativos, llega justo al vencimiento del plazo de 60 días establecido por la Ley de Poderes de Guerra, que obliga al Ejecutivo a solicitar autorización para continuar acciones militares en el extranjero. Con este argumento, la Casa Blanca sostiene que el conflicto iniciado a finales de febrero ha concluido al no registrarse enfrentamientos directos desde principios de abril.
Sin embargo, la postura presidencial contrasta con la realidad operativa en Medio Oriente. Tropas estadounidenses permanecen activas y el cerco marítimo impuesto a Irán sigue afectando de manera significativa sus exportaciones petroleras, uno de los principales pilares de su economía.
En paralelo, Trump rechazó una reciente propuesta de paz impulsada por Teherán a través de mediadores internacionales. El mandatario calificó el planteamiento como “inaceptable”, al considerar que incluye exigencias que cruzan las líneas rojas de Washington. Aunque evitó detallar el contenido del documento, insistió en que cualquier acuerdo debe ajustarse a los intereses estratégicos estadounidenses.
“El acuerdo tiene que ser el correcto, y en este momento no lo es”, afirmó antes de partir hacia Florida, dejando claro que su administración mantiene abiertas tanto la vía diplomática como la militar.
A pesar del cese al fuego vigente desde el 8 de abril, el presidente defendió la continuidad del bloqueo naval, al que calificó como una medida “increíblemente poderosa”. Según dijo, retirarlo ahora implicaría perder una ventaja estratégica clave frente al gobierno iraní.
La decisión ha generado críticas entre legisladores demócratas, quienes sostienen que la presencia militar y las acciones económicas coercitivas constituyen actos de hostilidad que requieren aprobación del Congreso. Incluso algunos expertos legales advierten que la interpretación de la Casa Blanca podría sentar un precedente peligroso sobre el alcance del poder presidencial en tiempos de conflicto.
Mientras tanto, desde el Pentágono se ha respaldado la postura del Ejecutivo, argumentando que el cese al fuego modifica el conteo del plazo legal, lo que permitiría extender la intervención sin necesidad de una autorización inmediata.
El escenario mantiene en incertidumbre el futuro de las negociaciones internacionales, especialmente aquellas impulsadas desde Pakistán, donde se buscaba abrir una vía para poner fin definitivo al conflicto. Por ahora, la tensión persiste, aunque oficialmente Washington insista en que la guerra ha terminado.
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