Estados Unidos presentó cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos aeronaves del grupo anticastrista Hermanos al Rescate en 1996, una decisión que marca una nueva escalada del gobierno de Donald Trump contra Cuba. La acusación, difundida desde una corte federal en Florida, se da en un momento de creciente presión política, económica y diplomática de Washington sobre la isla, mientras la administración republicana insiste en impulsar un cambio de rumbo en La Habana.
El caso involucra a Castro, de 94 años, y a otros cinco señalados por presunta participación en el derribo de los aviones, hecho que provocó la muerte de cuatro personas. Aunque el expediente completo aún no ha sido publicado, los cargos incluyen conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, homicidio y destrucción de aeronaves, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses. Sin embargo, no está claro si el exmandatario cubano podrá ser llevado a juicio, debido a que Cuba no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos.
La decisión ocurre en un contexto de endurecimiento de la política de Trump hacia Cuba. Washington ha utilizado sanciones, presión energética y ahora procesos judiciales para aumentar el cerco contra el gobierno cubano, una estrategia que sus críticos consideran más cercana a la confrontación política que a una salida diplomática. La acusación contra un exjefe de Estado extranjero también representa una medida poco frecuente en la política judicial estadounidense.
El anuncio se suma al mensaje del secretario de Estado, Marco Rubio, quien responsabilizó al Partido Comunista cubano y a GAESA de la crisis económica, energética y alimentaria que atraviesa la isla. Rubio acusó a la élite gobernante de controlar recursos estratégicos mientras la población enfrenta apagones prolongados, falta de combustible y escasez de alimentos, y defendió la propuesta de Trump de una nueva relación con Cuba sin intermediación de las estructuras estatales cubanas.
Pero la ofensiva de Washington omite un punto central del conflicto: Estados Unidos mantiene una política de sanciones y bloqueo que también impacta directamente en la economía cubana y en la vida cotidiana de la población. En enero, la administración Trump endureció el cerco energético contra la isla y amenazó con sanciones a países que le suministren combustible, una medida que agravó la crisis eléctrica y profundizó las tensiones bilaterales.
Con esta acusación, Trump vuelve a colocar a Cuba en el centro de una agenda de presión que combina discurso político, sanciones económicas y uso del aparato judicial estadounidense. El caso del derribo de 1996 reabre una herida histórica, pero también muestra cómo Washington busca reposicionar su influencia sobre la isla en un momento de alta fragilidad interna, sin que hasta ahora se vislumbre una ruta diplomática que priorice el bienestar del pueblo cubano.
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