La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 34 personas servidoras públicas de 20 instituciones federales recibieron sanciones administrativas por faltas graves y no graves, entre ellas inhabilitaciones de hasta 20 años, destituciones y multas económicas que superan los 1.8 millones de pesos.
Las resoluciones derivaron de investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades de distintas dependencias. En los casos considerados graves, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las sanciones correspondientes con base en las pruebas presentadas por la autoridad investigadora.
Entre los casos más relevantes destaca la inhabilitación por 20 años de un trabajador de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, señalado por acoso sexual contra dos estudiantes. Asimismo, una exfuncionaria de la Secretaría de Economía recibió una inhabilitación de 15 años y deberá cubrir una indemnización de 1.5 millones de pesos por autorizar licencias con goce de sueldo sin contar con facultades legales.
La Profeco también figura entre las instituciones involucradas. Una exservidora pública fue destituida, inhabilitada por diez años y sancionada económicamente por asignarse viáticos de manera irregular.
Profeco, Pemex, Guardia Nacional e IMSS aparecen entre las dependencias sancionadas
La dependencia federal también reportó sanciones contra exfuncionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Comisión Federal de Electricidad, por irregularidades relacionadas con programas públicos, procedimientos administrativos y presuntos intentos de obtener beneficios económicos indebidos.
En el apartado de faltas no graves, la Secretaría informó medidas disciplinarias contra personal de Pemex, Guardia Nacional, IMSS, Banco del Bienestar, Banobras, Conalep, Conafor, ISSSTE, Finabien, Sepomex y otras instituciones.
Entre esos casos sobresale la destitución de dos integrantes de la Guardia Nacional por presentar licencias médicas sin validez y la inhabilitación de un médico del IMSS por realizar procedimientos ginecológicos sin cumplir los protocolos establecidos y por conductas de carácter sexual contra pacientes.
Gobierno asegura que las resoluciones se sustentan en pruebas
La Secretaría Anticorrupción señaló que todas las sanciones se impusieron conforme a la legislación vigente y atendiendo la gravedad de cada conducta investigada.
«Las resoluciones fueron dictadas apegadas a derecho y respaldadas en evidencia», indicó la dependencia al recordar que las personas sancionadas conservan el derecho de impugnarlas por las vías legales correspondientes.
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