Una jueza federal autorizó este viernes 25 de septiembre que Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, continúe bajo prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con un presunto esquema de contrabando de combustibles.
La resolución modifica la medida cautelar que mantenía al exmandatario en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México, donde permanece desde julio. Su traslado deberá realizarse hacia el domicilio establecido ante la autoridad judicial en Ensenada, Baja California.
De acuerdo con el abogado Arturo Germán Rangel, la autoridad judicial estableció un plazo aproximado de 48 horas para iniciar la nueva medida cautelar. Sin embargo, la defensa estima que, debido a la logística del traslado, Ruffo podría abandonar el penal hasta el lunes o martes.
Durante la audiencia, la defensa presentó argumentos relacionados con la edad del exgobernador, de 74 años, así como elementos sobre sus condiciones de salud para solicitar que permaneciera bajo resguardo en su domicilio.
Cambio de medida no pone fin al proceso penal
La prisión domiciliaria no representa una exoneración ni cancela las acusaciones que enfrenta Ruffo. El cambio únicamente modifica el lugar en el que cumplirá la medida cautelar mientras continúa el procedimiento penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa, junto con otras personas, por su presunta participación en una organización relacionada con el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México por vía ferroviaria. Ruffo fue vinculado a proceso en julio por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.
La medida llega después de diversos recursos promovidos por su defensa para cambiar la prisión preventiva. Apenas días antes, Ruffo había obtenido una suspensión definitiva contra la negativa previa de concederle prisión domiciliaria, aunque esa determinación por sí sola no implicaba su salida del Altiplano.
Ahora, con la nueva resolución, el exgobernador podrá continuar desde su domicilio las siguientes etapas del proceso, mientras la FGR mantiene abiertas las investigaciones y deberá acreditar ante la autoridad judicial las imputaciones formuladas en su contra.
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