El Gobierno de Estados Unidos reducirá de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para responder cuando las autoridades busquen retirarles esa protección, de acuerdo con una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La modificación acorta el periodo disponible para presentar documentos, pruebas y argumentos frente a una notificación oficial de terminación de estatus. El DHS sostiene que el cambio pretende fortalecer los controles migratorios, reducir riesgos de seguridad y combatir posibles fraudes.
Bajo la legislación estadounidense, el estatus de refugiado puede ser retirado si las autoridades determinan que la persona no cumplía con los requisitos correspondientes al momento de su admisión al país. Una vez terminada esa protección, el afectado puede quedar expuesto a un procedimiento de deportación.
La medida ha generado rechazo entre organizaciones defensoras de refugiados. Global Refuge advirtió que reducir el periodo de respuesta puede dificultar seriamente la defensa legal de personas que ya fueron admitidas mediante procesos de revisión y seguridad.
Organizaciones alertan por mayor riesgo de deportación
La decisión ocurre en medio de una política migratoria más restrictiva durante el segundo mandato de Donald Trump. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración ha señalado que alrededor de 1.6 millones de personas perdieron algún tipo de estatus legal durante el primer año de la actual administración.
Además, el Gobierno ha impulsado la terminación del Estatus de Protección Temporal para ciudadanos de distintos países. Para agosto de 2026, la administración había tomado medidas para terminar el TPS de 13 países, afectando potencialmente a cerca de un millón de beneficiarios.
Organizaciones como IRAP también han litigado casos vinculados con la pérdida de protección de refugiados y recientemente lograron que una corte federal reconociera que estas decisiones pueden ser revisadas judicialmente.
Con la nueva regla, los refugiados que enfrenten un proceso de terminación de estatus tendrán ahora una ventana mucho más corta para organizar su defensa antes de que el Gobierno adopte una decisión definitiva.
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