La administración municipal de Puebla encabezada por los panistas Eduardo Rivera Pérez y posteriormente Adán Domínguez Sánchez quedó bajo nuevos cuestionamientos, luego de que la Contraloría Municipal reportara 16 informes de presunta responsabilidad administrativa correspondientes al gobierno 2021-2024.
Durante su comparecencia ante regidores, la contralora Dulce Lilia Rivera Aranda informó que 12 de los casos fueron clasificados como faltas graves: nueve por presunto abuso de funciones, dos por posible desvío de recursos públicos y uno por peculado. Los otros cuatro expedientes corresponden a conductas consideradas no graves.
Las investigaciones alcanzan distintas áreas que operaron durante el trienio panista. Cuatro expedientes corresponden a la Sindicatura Municipal, tres a Tesorería, tres a Administración y Tecnologías de la Información y dos a la propia Contraloría. También existen casos relacionados con Presidencia Municipal, Gobernación y Normatividad.
Rivera y Domínguez encabezaron el mismo proyecto municipal
Eduardo Rivera gobernó Puebla hasta diciembre de 2023, cuando dejó definitivamente la alcaldía para buscar la gubernatura. Adán Domínguez, quien había formado parte de su equipo como gerente municipal, asumió entonces la presidencia y concluyó el periodo 2021-2024, dando continuidad al proyecto político del PAN.
El propio Rivera ya había acudido en mayo pasado ante la Contraloría para responder por otra investigación relacionada con una presunta falta grave en el nombramiento de un mando de la Policía Preventiva. El panista rechazó la acusación y sostuvo que el procedimiento utilizado durante su administración era legal.
Los nuevos expedientes amplían los cuestionamientos sobre el manejo administrativo del gobierno que PAN encabezó en la capital poblana. Sin embargo, la existencia de informes de presunta responsabilidad no implica que Rivera, Domínguez o los exfuncionarios investigados hayan sido declarados culpables.
La Contraloría también aclaró que mantiene procedimientos abiertos contra servidores públicos de la administración actual, por lo que rechazó que las investigaciones respondan exclusivamente a una persecución contra el gobierno anterior.
Será el Tribunal de Justicia Administrativa y las instancias competentes quienes determinen responsabilidades y, en su caso, las sanciones correspondientes.
Fotografía: Redes
