La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos del erario estatal hacia empresas, particulares y un despacho jurídico vinculado al mandatario y a su padre.
La denuncia fue interpuesta el pasado 16 de octubre, de acuerdo con el registro publicado por la propia auditoría, como parte de las irregularidades detectadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2025.
En el informe entregado a la Cámara de Diputados, la ASF documentó un esquema de transferencias entre compañías que habría permitido canalizar recursos públicos hasta el despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando.
El auditor superior, Aureliano Hernández, señaló que las investigaciones en Nuevo León y Sinaloa identificaron posibles mecanismos de triangulación y simulación de operaciones mediante pagos a proveedores cuyos recursos terminarían en cuentas de personas físicas y morales relacionadas con servidores públicos.
El organismo fiscalizador identificó cuatro operaciones principales mediante las cuales recursos de la administración estatal habrían sido transferidos a distintas empresas para posteriormente llegar al despacho jurídico.
La operación de mayor monto involucró 5 mil 851 millones de pesos entregados por el gobierno estatal a una constructora. De esa cantidad, 5 mil 154.6 millones fueron transferidos a otra compañía, que posteriormente canalizó 385.3 millones al despacho vinculado con los García.
En otra operación, una comercializadora recibió 964 millones de pesos, de los cuales 237 millones llegaron a una empresa de alimentos. Esta última habría transferido 202.9 millones al despacho jurídico, mientras que el resto se distribuyó entre tres particulares.
La auditoría también identificó pagos por 243 millones de pesos a una empresa de servicios, que transfirió recursos a una consultoría y posteriormente al despacho. En una cuarta operación, 154.2 millones fueron entregados a otra compañía, que realizó pagos por 144.4 millones a una firma de equipamiento, de los cuales 77.03 millones terminaron en el despacho.
El informe relaciona estas operaciones con la adquisición de una propiedad valuada en mil millones de pesos, presuntamente vinculada al mandatario.
Sinaloa, otro caso bajo investigación
La ASF también documentó posibles irregularidades en el gobierno del exmandatario Rubén Rocha Moya, donde contratos de obra pública fueron adjudicados a una constructora de sus hijos.
La empresa habría recibido depósitos superiores al valor de las obras ejecutadas y transferido recursos a sus antiguos integrantes, quienes posteriormente realizaron pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de préstamo.
Ambos casos forman parte de las investigaciones sobre el posible uso de empresas proveedoras para canalizar recursos públicos hacia personas relacionadas con funcionarios.
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