El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta una creciente crisis política luego de que miles de ciudadanos salieran a protestar por el colapso de Ueno Bank, entidad financiera intervenida por problemas de solvencia que dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus ahorros.
Las manifestaciones se extendieron por Asunción, donde ahorradores y jubilados exigieron recuperar su dinero y responsabilizaron al gobierno por las deficiencias de supervisión bancaria.
El Banco Central del Paraguay ordenó intervenir Ueno Bank después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La entidad acumulaba aproximadamente 2.9 millones de clientes y administraba importantes depósitos de instituciones públicas.
Entre los recursos comprometidos figuran fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar prestaciones y jubilaciones.
Vínculos de Peña con Ueno Bank desatan cuestionamientos
La controversia alcanzó directamente a Santiago Peña debido a sus anteriores vínculos empresariales con Grupo Vázquez, conglomerado propietario de la institución bancaria.
El mandatario mantuvo una participación en la sociedad controladora hasta marzo de 2025, mientras que los depósitos de entidades públicas aumentaron durante su administración.
La situación también provocó la salida de Carlos Carvallo de la presidencia del Banco Central. Peña anunció la designación del economista Raúl Vera Bogado para sustituirlo.
Ante el malestar ciudadano, el presidente defendió la estabilidad del sistema financiero y planteó medidas para facilitar la devolución de los ahorros.
Sin embargo, 35 diputados impulsaron un procedimiento de juicio político contra Peña, al cuestionar posibles conflictos de interés, el manejo de fondos previsionales y la actuación de las autoridades supervisoras.
La crisis también provocó detenciones de directivos bancarios y profundizó las diferencias dentro del gobernante Partido Colorado.
Este jueves 5 de noviembre, el Congreso comenzó a debatir la posible destitución del mandatario, mientras continúan las exigencias ciudadanas para esclarecer las responsabilidades por el colapso bancario.
Hasta ahora, los señalamientos contra Peña no constituyen una determinación judicial de responsabilidad.
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