Un juez de Bogotá ordenó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) retirar temporalmente de redes sociales oficiales publicaciones en las que el mandatario aparece junto a cadáveres de presuntos integrantes de grupos armados abatidos durante operativos militares y policiales.
El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá dictó la medida cautelar tras una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Santiago Osorio, quien cuestionó la difusión de las imágenes por una posible afectación a derechos fundamentales, con especial preocupación por el acceso de niñas, niños y adolescentes a este tipo de contenido.
La resolución se refiere a publicaciones difundidas el 2 y 4 de septiembre desde la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram. Las primeras corresponden a la operación Azarías, en Miraflores, Guaviare, donde las Fuerzas Militares abatieron a presuntos integrantes de disidencias de las FARC.
En las imágenes, De la Espriella aparece caminando entre bolsas blancas que contienen al menos 23 cuerpos.
La Defensoría cuestionó la exhibición de los cuerpos
Otra publicación muestra al mandatario durante la presentación de cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha, La Guajira, contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS). En ese enfrentamiento murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”.
El juez ordenó ocultar las publicaciones mientras analiza si su contenido constituye material violento o explícito y si su difusión vulnera derechos fundamentales. La medida aún no representa una resolución definitiva, pues la Presidencia y el mandatario cuentan con dos días para presentar sus argumentos.
La decisión judicial ocurre después de que la Defensoría del Pueblo cuestionara públicamente la exhibición de los cuerpos. Su titular, Iris Marín, pidió al gobierno evitar que la violencia se convierta en una herramienta de propaganda.
“El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, afirmó la defensora.
El proceso también incluye a Meta Platforms, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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