Estados Unidos volvió a utilizar la Organización de los Estados Americanos como plataforma de presión política contra gobiernos de América Latina. Durante la 56 Asamblea General de la OEA, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, exigió al organismo adoptar una postura más activa contra los gobiernos que Washington califica como “autoritarios”, con señalamientos dirigidos principalmente a Nicaragua, Cuba y Venezuela.
El funcionario estadunidense cuestionó la eficacia del organismo regional y pidió que sus integrantes pasen de las declaraciones a medidas concretas. Su mensaje colocó nuevamente a la OEA bajo la lógica de la agenda exterior de Estados Unidos, que históricamente ha usado el discurso democrático para marcar presión sobre gobiernos que no se alinean con sus intereses políticos en el continente.
Landau también dirigió críticas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que necesita menos carga ideológica y más acción. El señalamiento resulta relevante porque Washington busca influir en uno de los principales mecanismos regionales de derechos humanos, al mismo tiempo que enfrenta cuestionamientos por su propia política migratoria, sus sanciones y su papel intervencionista en América Latina.
El representante estadunidense agregó que la OEA debería asumir un papel más activo frente al tráfico de drogas, especialmente por el impacto del fentanilo. Sin embargo, el planteamiento vuelve a trasladar la discusión hacia una narrativa de seguridad regional marcada por Estados Unidos, sin profundizar en las responsabilidades internas de ese país como principal mercado de consumo y destino de redes criminales.
El llamado ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas con países latinoamericanos que han rechazado las sanciones, presiones y amenazas de Washington. Aunque Estados Unidos intenta presentarse como defensor de la democracia, sus intervenciones en la región suelen ser vistas como una forma de tutela política, especialmente cuando exige acciones contra gobiernos específicos desde espacios multilaterales.
La postura de Landau confirma que la OEA sigue siendo un campo de disputa sobre el rumbo político del continente. Para Washington, el organismo debe servir como herramienta de presión; para buena parte de América Latina, el desafío es evitar que vuelva a operar como tribunal político al servicio de Estados Unidos, en lugar de actuar con equilibrio, soberanía regional y respeto al derecho internacional.
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