El Gobierno de México confirmó que agentes estadounidenses que participaron en acciones en Chihuahua no contaban con acreditación formal para operar en el país, lo que detonó un nuevo frente de tensión entre autoridades federales y el gobierno estatal encabezado por María Eugenia Campos Galván.
A través de un posicionamiento, el Gabinete de Seguridad informó que, tras el accidente ocurrido el 19 de abril —en el que murieron dos elementos estatales y dos agentes extranjeros—, se detectó que los ciudadanos estadounidenses no tenían facultades legales para intervenir en operativos en territorio nacional.
Según los registros migratorios, uno de los agentes ingresó como visitante sin permiso para actividades remuneradas, mientras que el otro portaba pasaporte diplomático, condición que tampoco autoriza su participación en operativos de seguridad. El propio Gabinete de Seguridad subrayó que ni las instancias federales ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenían conocimiento previo de dichas acciones.
El caso expuso una presunta colaboración directa entre autoridades de Chihuahua y agencias como la Administración para el Control de Drogas, el Buró Federal de Investigaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Investigaciones de Seguridad Nacional.
El Gobierno federal fue enfático: la legislación mexicana no permite que agentes extranjeros participen directamente en operativos, limitando la cooperación a intercambio de información, coordinación institucional y asistencia técnica, siempre bajo principios de soberanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los hechos como una violación a la soberanía nacional y solicitó a la mandataria estatal un informe detallado.
Aunque Campos Galván sostuvo una reunión con el titular de Seguridad federal, evitó pronunciarse sobre el fondo del conflicto y se limitó a destacar la continuidad de la coordinación institucional.
“Torre Centinela” bajo la lupa
El caso ocurre en medio de reportes sobre la intención del gobierno estatal de ampliar su colaboración con agencias estadounidenses mediante el proyecto “Torre Centinela”, lo que podría agravar el diferendo si se confirma que rebasa los márgenes legales.
En respuesta, la presidenta anunció que se enviará una circular a todos los estados para reforzar los lineamientos sobre cooperación internacional en materia de seguridad, recordando que cualquier vínculo con agencias extranjeras debe canalizarse a través del gobierno federal.
Mientras continúan las investigaciones en coordinación con la embajada de Estados Unidos, el episodio reabre el debate sobre los límites de la cooperación bilateral y el respeto a la soberanía mexicana en materia de seguridad.
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