La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada con Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que todavía existen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, por lo que las acciones realizadas hasta ahora forman parte de una operación de mayor alcance contra el contrabando de combustibles.
Las indagatorias comenzaron después del aseguramiento de 33 ferrotanques y se han desarrollado durante más de un año, con la participación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. De acuerdo con García Harfuch, el análisis ministerial permitió identificar una de las estructuras de contrabando de hidrocarburos más grandes detectadas por las autoridades federales.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, explicó que el esquema presuntamente utilizaba empresas registradas como importadoras de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al ingresar combustible desde refinerías ubicadas en Texas, las compañías habrían declarado cantidades inferiores o mercancías distintas, pues reportaban alrededor de 10 mil litros por ferrotanque cuando podían transportar hasta 110 mil litros.
La revisión de información ministerial, aduanera, fiscal, ferroviaria y de comercio exterior permitió detectar 4 mil 238 operaciones realizadas mediante las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. La FGR calculó que al menos 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados y que 162 carros-tanque habrían sido utilizados para omitir contribuciones federales.
Cuentas puente, evasión fiscal y operaciones multimillonarias
Las autoridades también detectaron un entramado financiero basado en alrededor de 80 cuentas bancarias que recibían y transferían recursos de forma casi inmediata, mientras conservaban saldos mínimos. La Fiscalía identificó movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos y operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, comportamiento relacionado con las denominadas cuentas puente.
El posible perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública superaría los 4 mil millones de pesos, según la estimación presentada por la FGR. Dentro de los cargamentos revisados se calcularon 88 millones 511 mil pesos evadidos por concepto de IEPS y 18 millones 289 mil pesos correspondientes al IVA, lo que representa un daño específico de 106.8 millones de pesos únicamente por ambos impuestos.
La Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra 25 objetivos presuntamente relacionados con la organización. García Harfuch reportó la ejecución de ocho mandamientos judiciales, mientras que la FGR confirmó entre las detenciones recientes a Ruffo Appel, a su socio Ricardo Thompson Navarro y a otras tres personas. Los detenidos enfrentan señalamientos por delincuencia organizada y contrabando de combustible, sin que exista todavía una sentencia definitiva.
Las investigaciones también alcanzan a socios empresariales, operadores logísticos, agentes aduanales y posibles servidores públicos, además de compañías encargadas de descargar el combustible en espuelas ferroviarias y distribuirlo mediante pipas y tractocamiones. La FGR continuará con la ejecución de órdenes de aprehensión y el análisis de operaciones financieras, fiscales y aduaneras para determinar la responsabilidad individual de cada persona involucrada.
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