La presunta operación de redes dedicadas al despojo inmobiliario en Puebla mantiene bajo investigación a organizaciones, exfuncionarios de administraciones anteriores y particulares señalados por apropiarse ilegalmente de viviendas y terrenos. La Consejería Jurídica estatal prepara denuncias contra quienes resulten responsables, una vez que concluya la revisión de los expedientes.
El titular de la dependencia, Raúl Pineda Zepeda, confirmó que el gobierno estatal analiza distintos casos relacionados con posibles violaciones al derecho de propiedad en varias regiones de la entidad, donde reconoció la existencia de focos rojos.
Aunque evitó proporcionar nombres de los presuntos involucrados o precisar las zonas donde se concentran las indagatorias, explicó que el análisis busca reunir elementos suficientes para sustentar las acciones legales.
El funcionario sostuvo que las investigaciones deben avanzar sin comprometer el debido proceso ni afectar a personas ajenas a los hechos. Sin embargo, advirtió que las posibles irregularidades no quedarán sin consecuencias.
Pineda Zepeda adelantó que en los próximos días se informará sobre los avances y las medidas jurídicas que se emprenderán, conforme concluya la evaluación técnica de cada expediente.
Armenta advierte presuntos vínculos con estructuras de poder
Las indagatorias se enmarcan en las denuncias públicas del gobernador Alejandro Armenta, quien el 14 de octubre afirmó que en Puebla operan redes dedicadas al despojo de propiedades y anunció la preparación de denuncias respaldadas con pruebas.
El mandatario señaló que estas estructuras presuntamente habrían aprovechado relaciones de poder para despojar a familias de sus bienes, con posibles conexiones de abogados, notarios, jueces y trabajadores del Registro Público de la Propiedad y Catastro.
Armenta también cuestionó que personas presuntamente relacionadas con estas prácticas pretendan competir por cargos públicos en las elecciones de 2027.
El gobierno estatal sostiene que las investigaciones contra estas redes comenzaron en 2025. El 29 de julio de ese año, el gobernador denunció que los grupos contaban con recursos económicos y conexiones nacionales, además de señalar una posible infiltración en el Poder Judicial.
Posteriormente, el 4 de agosto, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, anunció una iniciativa para combatir el despojo inmobiliario.
Como parte de las medidas institucionales, el Congreso de Puebla aprobó el 15 de marzo de 2026 reformas al Código Penal estatal para incrementar las sanciones por este delito.
Con la revisión de expedientes y la preparación de denuncias, la administración estatal busca avanzar hacia la identificación de los responsables y el esclarecimiento de los casos, aunque hasta ahora no se han revelado imputaciones concretas.
Ilustración: Iván Rojas
