FGE Puebla confirma detención del exjuez Enrique Romero Razo por presunta evasión de presos; Poder Judicial respalda indagatoria

Las autoridades también investigan su participación en un intento de liberar a Manuel Forcelledo, condenado por el feminicidio de Karla López Albert

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención del exjuez Enrique Romero Razo, investigado por su probable responsabilidad en delitos contra la procuración y administración de justicia, así como por evasión de presos, derivado de un caso registrado en septiembre de 2024 en el municipio de Tecamachalco.

De acuerdo con la información oficial, el exjuzgador, de 58 años, habría omitido remitir las constancias de un proceso penal al juez de ejecución itinerante del estado. Esta presunta omisión habría propiciado que una persona privada de la libertad abandonara la cárcel de Tecamachalco el 18 de septiembre de ese año.

La captura se llevó a cabo el 20 de octubre de 2026, durante una diligencia relacionada con una orden de cateo en un inmueble de la colonia El Ángel, en la ciudad de Puebla. Según la Fiscalía, Romero Razo salió de su domicilio hacia la vía pública, donde agentes de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción le notificaron la existencia de un mandamiento judicial en su contra y procedieron a detenerlo.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tecamachalco.

Tras su detención, el exjuez fue trasladado al penal de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones y se determina su situación jurídica.

La detención está relacionada con la evasión de un reo ocurrida en 2024 y no directamente con el caso de Manuel Forcelledo, sentenciado a 76 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert, quien tenía cinco meses de embarazo cuando fue asesinada.

Sin embargo, Romero Razo también se encuentra bajo investigación por su presunta intervención en un intento de liberar a Forcelledo mediante una audiencia de revisión de medida cautelar. Según los antecedentes del caso, el entonces juez habría dejado instrucciones a su secretaria de acuerdos para llevar a cabo el procedimiento.

El intento de excarcelación no prosperó y Forcelledo continúa cumpliendo su condena. El caso generó atención pública por la gravedad del delito y las circunstancias del feminicidio.

Romero Razo cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial y se desempeñó como juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco. Además, su detención ocurre mientras buscaba ser restituido en el cargo, del que permanece suspendido.

La Fiscalía no ha detallado la identidad de la persona que presuntamente escapó del centro penitenciario en 2024. Las investigaciones deberán esclarecer las circunstancias de la evasión y la posible responsabilidad del exjuzgador en los hechos que se le imputan.

Poder Judicial respalda investigación de la FGE

El Poder Judicial de Puebla, encabezado por Pedro Antonio Martínez Hernández, fijó su postura ante la detención del juez Enrique Romero Razo. La institución aseguró que ningún juez o servidor judicial tendrá privilegios ni protección ante posibles conductas contrarias a la ley.

Asimismo, reconoció la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación y detención del juzgador, y señaló que corresponde a esta instancia esclarecer las presuntas irregularidades y determinar su situación jurídica. El Poder Judicial subrayó que las acciones de sus integrantes no representan a toda la institución, aunque sí la comprometen a actuar con estricto apego a la legalidad.

Finalmente, informó que desde noviembre de 2025, cuando Martínez Hernández asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura, hasta octubre de 2026, se han emitido 30 determinaciones en materia de responsabilidades administrativas, de las cuales 18 corresponden a sanciones contra servidores públicos. Estas acciones, afirmó, forman parte de las medidas para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.

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