El Gobierno federal dio un paso clave para endurecer la respuesta del Estado frente al feminicidio al presentar una iniciativa de Ley General que busca homologar su investigación y castigo en todo el país, con penas que podrían alcanzar hasta 70 años de prisión.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta pretende cerrar los vacíos legales que hoy permiten la impunidad, obligando a todas las fiscalías estatales a aplicar los mismos criterios y protocolos en estos casos.
La iniciativa, elaborada y presentada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, sin excepciones, y bajo estándares con perspectiva de género.
El proyecto propone reformar la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley general que obligue a los estados a homologar el tipo penal. Entre sus puntos centrales destacan:
- Penas de 40 a 70 años de prisión
- Reconocimiento de nueve razones de género
- Inclusión de 21 agravantes
- Investigación de oficio en todos los casos
- Imprescriptibilidad del delito y de la reparación del daño
Además, se establece que los responsables perderán derechos como herencias, patria potestad y cualquier vínculo legal con las víctimas.
Godoy subrayó que el feminicidio debe entenderse como una violación grave a los derechos humanos, no solo como un delito, lo que exige una respuesta estructural del Estado mexicano.
La propuesta también contempla la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en todo el país, con personal certificado y capacitado. Se busca evitar interrupciones en las investigaciones mediante esquemas de continuidad, incluso ante cambios de turno.
Asimismo, se obligará a aplicar protocolos homologados con perspectiva de género, análisis de contexto y coordinación entre autoridades de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.
En materia de atención, la iniciativa incorpora medidas para garantizar derechos de víctimas directas e indirectas, incluyendo atención médica, psicológica y asesoría jurídica gratuita.
Se prevé también la creación de un registro nacional de menores en situación de orfandad por feminicidio, con políticas específicas de protección y acompañamiento por parte del Estado.
Otro de los ejes es la prevención, con lineamientos para que plataformas digitales eviten difundir contenidos que revictimicen a las víctimas o promuevan la violencia. También se plantean medidas de evaluación de riesgos, acceso a refugios y fortalecimiento de políticas públicas.
La iniciativa será enviada al Senado en los próximos días, en lo que el Gobierno federal perfila como una de sus reformas clave para combatir la violencia feminicida a nivel nacional.
Foto: X
