A más de dos décadas de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla acreditó que agentes ministeriales incurrieron en actos de tortura contra un hombre detenido en 2003 en el municipio de Coronango, en un caso que exhibe las fallas estructurales en el acceso a la justicia y la investigación de violaciones graves a derechos humanos en la entidad.
En su octava recomendación emitida en 2026, el organismo concluyó que se vulneraron los derechos a la integridad y seguridad personal de la víctima, quien fue sometida a agresiones físicas y psicológicas con el objetivo de obtener una declaración incriminatoria. Este testimonio, obtenido bajo presión, fue posteriormente utilizado en su contra dentro del proceso penal, lo que condicionó el desarrollo del caso.
De acuerdo con el expediente, la detención ocurrió el 30 de abril de 2003, cuando elementos policiales y ministeriales irrumpieron de manera violenta en un domicilio para detener al hombre y a su padre, de 72 años, sin que se precisaran las causas legales del operativo. Desde ese momento, el procedimiento estuvo marcado por irregularidades que derivaron en una cadena de violaciones a derechos fundamentales.
Durante su traslado a instalaciones de la entonces Procuraduría General del Estado, el detenido fue víctima de múltiples agresiones. La CDH documentó que los agentes recurrieron a golpes en distintas partes del cuerpo, amenazas de muerte y actos de tortura física, incluyendo quemaduras, con la finalidad de forzarlo a declarar en su contra, en un contexto de presión constante.
El organismo también detalló que, ya bajo custodia, el hombre fue sometido a prácticas como privación sensorial y asfixia, lo que derivó en que finalmente rindiera una declaración bajo coerción. Con base en este testimonio, un juez lo encontró culpable de delitos graves, por lo que desde 2004 permanece privado de la libertad en el penal de Tepexi de Rodríguez.
Tras iniciar el protocolo de investigación años después, la comisión determinó que la víctima presenta secuelas psicológicas persistentes, entre ellas trastornos del sueño, ansiedad y conductas de evasión al contacto físico, asociadas directamente a los actos de tortura documentados en el caso, lo que refleja un impacto prolongado en su estado de salud.
Como parte de la recomendación, la CDH instruyó a la Fiscalía General del Estado de Puebla a brindar atención médica y psicológica especializada, así como a reparar integralmente el daño mediante compensación económica. Asimismo, solicitó avanzar en la investigación para identificar y sancionar a los responsables, en un caso que evidencia rezagos institucionales y la persistencia de pendientes en materia de justicia.
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