El 9 de septiembre de 2026 será una fecha a recordar para más de 170 mil salvadoreñas y salvadoreños. Este día vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) que Estados Unidos les ha otorgado durante años, y con él parece desvanecerse la frágil certeza de una vida construida con esfuerzo, sudor y décadas de trabajo. La pesadilla americana, ese reverso oscuro del sueño prometido, se cierne sobre familias enteras que hoy enfrentan el miedo a ser arrancadas de sus hogares, de sus empleos, de todo lo que han tejido en tierra extraña.
El TPS supone ser una medida humanitaria. Nació para proteger a ciudadanos de países que, desde la perspectiva de Washington, no son seguros debido a guerras, desastres naturales o crisis extremas. Afganistán, Birmania, Honduras, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y una docena de naciones más han obtenido la posibilidad de este estatus. Pero la apariencia de protección es engañosa: el TPS no es un camino hacia la residencia permanente ni mucho menos hacia la ciudadanía. Es un “limbo legal”, una tierra de nadie donde las personas pueden trabajar y pagar impuestos, pero nunca echar raíces definitivas. Viven con el temor constante de que, en cualquier momento, el gobierno estadounidense puede decidir en convertirlos en indocumentados.
Esta política no es un descuido burocrático; es una estrategia. Al mantener a los migrantes en un estado de vulnerabilidad permanente, Estados Unidos garantiza una mano de obra dócil, dispuesta a aceptar condiciones laborales precarias sin alzar la voz. Es la explotación legalizada, el uso de cuerpos y voluntades sin el compromiso de reconocerlos como parte de la sociedad. Millones de familias ya han sido víctimas del despojo: han pagado impuestos, han formado comunidades, han enviado a sus hijos a escuelas estadounidenses y, sin embargo, el sistema les niega el derecho más básico: el derecho a pertenecer.
El impacto del vencimiento trasciende las fronteras de Estados Unidos. Países como El Salvador y Honduras dependen en gran medida de las remesas que envían sus connacionales; se estima que al menos el 25% de su PIB proviene del dinero que migrantes envían a sus familias. Si el TPS termina, no solo serán deportadas personas, sino que se desactivará un motor económico que sostiene a millones en Centroamérica. La decisión de Washington no es solo migratoria: es una política de control que perpetúa la dependencia, que mantiene a las naciones del Sur Global atadas a los vaivenes de un imperio que no duda en usar el hambre y la incertidumbre como herramientas de dominación.
La reciente historia de El Salvador es elocuente, ya que, a pesar de tener un gobierno que ha sido sumiso a los intereses de Estados Unidos, la protección no ha llegado. Lo que demuestra que ni la sumisión política ni los discursos alineados con Washington garantizan la seguridad de nadie. La política migratoria de Estados Unidos no distingue entre gobiernos amigos o enemigos: es un mecanismo de control que se aplica con la misma frialdad a todos aquellos que considera prescindibles.
Fotografía: Diario Red
