El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que sostendrá una reunión en los próximos días con el exalcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) determinó imponerle una inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos municipales y una multa de 15 millones de pesos por presuntas irregularidades relacionadas con la cuenta pública 2022.
El mandatario estatal aseguró que mantiene comunicación con el exedil panista y que está dispuesto a escucharlo, aunque aclaró que el procedimiento corresponde a las autoridades fiscalizadoras y legislativas, por lo que no es competencia directa de su administración.
En entrevista, Armenta rechazó que los organismos públicos puedan utilizarse como instrumentos de persecución política, pero también advirtió que no deben dejar de cumplir con sus obligaciones en materia de revisión y fiscalización de los recursos públicos.
“Yo siempre estaré muy pendiente de que no se ocupe ningún órgano para perseguir (…) ni para ser omisos. Ni omisión, ni persecución”, expresó.
El gobernador reiteró que su administración mantendrá una postura de respeto a las atribuciones de cada institución y que no intervendrá en las determinaciones de los organismos responsables de revisar el ejercicio de los recursos públicos.
Sin embargo, dejó abierta la puerta al diálogo con Rivera Pérez, quien fue sancionado por presuntas faltas administrativas graves durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Puebla.
“Estoy en contacto con él (Eduardo Rivera) y voy a recibirlo en estos días”, reveló el gobernador.
García Parra descarta persecución política
Por separado, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, rechazó que exista una intención política detrás del procedimiento contra el exalcalde.
Recordó que desde 2025 el gobernador convocó a presidentes y expresidentes municipales a acercarse a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para atender las observaciones pendientes de sus respectivas administraciones.
Explicó que el organismo fiscalizador notificó a los exediles y les otorgó una prórroga para presentar documentación y pruebas que permitieran solventar las observaciones.
De esta manera, el gobierno estatal sostuvo que las revisiones deben continuar conforme a los procedimientos legales, sin que las instituciones sean utilizadas para perseguir actores políticos ni para encubrir posibles irregularidades.
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