El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de proveedores del sistema electoral y señaló que Puebla aparece entre las entidades con montos relevantes dentro de la revisión, con 179.1 millones de pesos en contrataciones del Instituto Electoral del Estado (IEE) entre 2014 y 2025.
La investigación federal revisa una presunta red empresarial que habría concentrado contratos para la elaboración y suministro de materiales electorales mediante compañías que presuntamente mantenían vínculos entre sí. De acuerdo con la información presentada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, las empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas acumularon 2 mil 740.3 millones de pesos en contratos entre 2015 y 2025.
En Puebla, de los 179.1 millones de pesos identificados en contrataciones del IEE, 49.4 millones corresponden al periodo entre 2014 y 2023, mientras que 129.7 millones fueron contratados entre 2024 y 2025. Este último monto deriva de un contrato otorgado en marzo de 2024 a Comercializadora JVLY, por 129 millones 700 mil 584 pesos, para suministrar materiales electorales y de simulacro utilizados en los comicios locales.
Entre las empresas señaladas dentro de la revisión aparecen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo ZEG. La investigación busca determinar si compartieron socios, representantes legales, domicilios o teléfonos y si estas coincidencias derivaron en una posible simulación de competencia. Los señalamientos continúan bajo investigación, por lo que corresponderá a las autoridades determinar la existencia de responsabilidades administrativas o penales.
El Ciudadano México cuestiona cómo evitar que instituciones se conviertan en espacios de privilegios
Durante la rueda de prensa, El Ciudadano México preguntó a García Parra qué tendría que cambiar en la cultura de las instituciones públicas para impedir que estructuras administrativas terminen convirtiéndose en espacios de privilegio para intereses particulares. El coordinador respondió que el combate a la corrupción debe traducirse en investigaciones y sanciones concretas, más allá del discurso.
García Parra reveló que recientemente planteó al secretario de Anticorrupción la posibilidad de mostrar públicamente los nombres, rostros, cargos y conductas de servidores públicos separados de sus funciones por actos de corrupción o inhabilitaciones, siempre que hacerlo sea jurídicamente procedente. Consideró que una medida de este tipo podría enviar un mensaje tanto a la administración estatal como a gobiernos municipales y organismos autónomos.
El funcionario subrayó, sin embargo, que cada señalamiento debe investigarse con pruebas y garantizar el derecho de audiencia, pues también pueden existir acusaciones construidas contra servidores públicos. Sostuvo que no basta con recibir una denuncia para determinar responsabilidades y que los procedimientos correspondientes deben agotarse antes de aplicar sanciones.
Hasta el momento, García Parra aseguró que 315 personas de distintos niveles han sido separadas de sus cargos, mientras continúan las investigaciones internas. También llamó a la ciudadanía a presentar quejas y denuncias cuando detecte posibles actos irregulares. La postura fue planteada en medio de la revisión nacional a contrataciones electorales, que ahora coloca bajo escrutinio los procesos utilizados por distintos organismos públicos, incluido el IEE de Puebla.
Ilustración: Iván Rojas
