La resolución que contempla 15 años de inhabilitación y una sanción económica de 15 millones de pesos contra el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, provocó posicionamientos encontrados entre Morena y el PAN, luego de que el exedil señalara un posible trasfondo político en el procedimiento administrativo.
Desde el Congreso local, legisladores morenistas rechazaron que exista una estrategia para perjudicar al panista o frenar sus aspiraciones electorales rumbo a 2027. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, defendió el trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y aseguró que los procesos de fiscalización deben aplicarse sin distinciones partidistas.
“La Cuarta Transformación ha demostrado que en el tema de rendición de cuentas y auditorías es parejo para todos los colores”, sostuvo. También afirmó que las autoridades municipales deben conducirse con honestidad y transparencia, pues las revisiones pueden alcanzar incluso a funcionarios emanados de Morena.
Sobre la posibilidad de que Rivera Pérez vuelva a competir por la alcaldía capitalina, Gaspar descartó que su perfil genere preocupación entre los integrantes del movimiento.
“Llevamos 15 años caminando el territorio, trabajando cercana al pueblo, y nosotros estamos preparados para cualquier contienda que sea en su momento”, expresó.
El legislador agregó que la resolución no representa una determinación definitiva, ya que el exalcalde conserva el derecho de defenderse mediante los recursos previstos en la ley. “La Auditoría del Estado está haciendo su trabajo. No es algo en firme, tiene que defenderse”, puntualizó.
En la misma postura, Miguel Trujillo de Ita, presidente de la Comisión de Control y Vigilancia de la ASE, negó que el procedimiento constituya una represalia política.
Indicó que Rivera tuvo más de tres años para solventar las observaciones realizadas a su administración y consideró que debe transparentar los recursos ejercidos durante su gestión.
El legislador también argumentó que las revisiones no se limitan a figuras de oposición, pues otros exalcaldes y autoridades municipales han enfrentado procedimientos de fiscalización.
Regidores del PAN respaldan al exalcalde y exigen imparcialidad
En contraste, los regidores panistas Lupita Arrubarrena García y Carlos Montiel Solana manifestaron su respaldo a Rivera Pérez y exigieron que las instituciones actúen con independencia e imparcialidad.
“La justicia debe impartirse de forma autónoma, sin presiones ni intereses ajenos a la legalidad”, señalaron en un comunicado.
Los panistas advirtieron que los organismos encargados de fiscalizar no deben convertirse en instrumentos de control político, especialmente ante la proximidad de las elecciones de 2027.
La sanción deriva de expedientes relacionados con presuntas irregularidades administrativas durante el ejercicio fiscal 2022, cuando Rivera encabezaba el Ayuntamiento de Puebla. El exalcalde anunció que recurrirá a las instancias legales para combatir la resolución.
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