La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Luis Miguel N., exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Aquixtla, por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y robo agravado, relacionados con una agresión contra dos personas ocurrida en marzo de 2021.
Un juez de control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, determinó que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal contra el exfuncionario municipal, a quien las autoridades señalan por su presunta participación en la privación de pertenencias y las agresiones físicas contra las víctimas.
El imputado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.
Acusan a exfuncionario de participar en agresión contra dos personas en Aquixtla
Según la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2021, cuando dos personas circulaban a bordo de un taxi sobre la calle Juárez, en Aquixtla. Durante el recorrido, varios hombres que viajaban en un vehículo blanco les cerraron el paso; uno de ellos portaba un arma larga.
Posteriormente, llegaron al lugar unidades de la Policía Estatal, así como Luis Miguel N., quien entonces encabezaba la seguridad pública municipal, y otros elementos policiales.
La FGE sostiene que los involucrados presuntamente sometieron, encapucharon y despojaron de sus pertenencias a las víctimas. Además, una de ellas habría recibido golpes en repetidas ocasiones.
Las autoridades investigan estos hechos como posibles delitos de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, además de robo agravado.
Exsecretario de Seguridad permanecerá en prisión preventiva
La Fiscalía formuló la imputación contra Luis Miguel N. el 31 de octubre de 2026, después de que las autoridades lo detuvieran en Hidalgo mediante un operativo de colaboración entre ambas entidades.
Posteriormente, el 4 de noviembre, un juez resolvió vincularlo a proceso y mantener la medida cautelar de prisión preventiva durante el procedimiento.
La autoridad judicial también concedió dos meses para la investigación complementaria, cuyo plazo concluirá el 4 de enero de 2027.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, por lo que el exfuncionario conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.
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